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Estupor y vergüenza

Nisman, sea como fuere que termine la investigación sobre su muerte, es una nueva víctima.La ciudadanía en su conjunto participa hoy de un duelo colectivo, siente el dolor de una pérdida más, que se suma a las víctimas de la AMIA y a las de la embajada de Israel, a las de la tragedia en la estación ferroviaria de Once y a los casi dos centenares de muertos en Cromagnon. Y los mismos requisitos deberán aplicarse en la investigación de las causas de la muerte del fiscal.

La muerte del fiscal Alberto Nisman causa estupor y mueve las fibras más sensibles de una sociedad sumida ya desde hace mucho tiempo en una profunda incredulidad y hostigada por los incesantes y crudos enfrentamientos que se promueven fundamentalmente desde el seno del poder político.

English version of prosecutor Nisman's death

Es un hecho de una trascendencia institucional inusitada la sorpresiva muerte de Nisman, fiscal de una de las causas de mayor gravedad: el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que fallecieron 85 personas y hubo centenares de heridos, sin que hasta el momento haya sentencia, no obstante las más de dos décadas transcurridas.

El deceso del fiscal no es un hecho aislado: ocurre en un turbio contexto político y judicial signado por el ocultamiento, la mentira flagrante, la incoherencia y las operaciones cruzadas donde lo que menos parece importar a los funcionarios es la necesidad de verdad y justicia.

La Argentina siguió durante años la pista iraní en la causa del atentado, pero, a partir de la presidencia de la señora de Kirchner, se procuró cambiar esa línea negociando temerariamente con los principales acusados, los iraníes, sentando las bases de un acuerdo que ni siquiera Teherán se aprestó a convalidar y que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal en nuestro país, tras haber sido ratificado por la mayoría kirchnerista en el Congreso Nacional.

La denuncia de Nisman de la semana pasada, por la que pidió que se llamara a declaración indagatoria, entre otros, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, acusados de querer encubrir a Irán "fabricando la inocencia" de los ex funcionarios de ese país, debe ser debida y rápidamente investigada.

Para que ello ocurra es indispensable no entrar en disputas de tipo ideológico, ni en apresuramientos, ni en mezquindades políticas ni de ninguna otra especie, avanzando con celeridad y sin descartar ninguna hipótesis. Y los mismos requisitos deberán aplicarse en la investigación de las causas de la muerte del fiscal. Por desgracia, sobran los casos en la justicia argentina en los cuales se sospecha de la parcialidad de las sentencias o, peor aún, en los cuales, pese al transcurso de los años y a veces de las décadas, se carece de una sentencia de primera instancia.

Demasiado contaminada se encuentra ya la causa AMIA como para pretender ensuciarla aún más. Transparencia y certidumbre probatoria es lo que precisan estas investigaciones, y, para ello, es menester que no sólo el Gobierno no intervenga, sino que la oposición política procure actuar con la más absoluta prudencia a fin de evitar que se afirmen, eventualmente, hipótesis sin suficiente asidero.

Debe haber una apuesta absoluta de la opinión pública en favor del trabajo profesional de jueces y fiscales que merezcan la mayor consideración por sus antecedentes de independencia frente a gobiernos que han pretendido, primero, manipularlos y, luego, silenciarlos. Ya han hecho demasiado estragos a la República los jueces y fiscales obsecuentes con el poder de turno. El mundo, como hacía bastante que no ocurría, dirigió su mirada hacia la Argentina en las últimas 24 horas.

Resulta muy difícil desvincular de este oscuro contexto los tejemanejes del Gobierno en la conformación de la estructura de la Secretaría de Inteligencia (actual SI, ex SIDE), a la que descabezó recientemente, profundizando divisiones entre sus miembros, separando a viejos investigadores en los cuales Néstor Kirchner había hecho recaer las primeras etapas de la investigación sobre el atentado contra la AMIA, momento en el que también depositó su confianza en el fiscal Nisman. De hecho, fue Kirchner quien en 2004 lo puso al frente de la Unidad Especial que él mismo había creado para esclarecer el ataque.

A cargo de la causa del atentado se encuentra hoy el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, crítico de Nisman y muy cuestionado. En la Justicia son varios quienes sospechan que la falta de independencia de este magistrado se habría acentuado en el último tiempo debido a la obtención de un inmerecido puesto de juez federal para un hijo suyo.

En lo que hace a la causa del encubrimiento del atentado, su juez es Ariel Lijo, quien tras la muerte de Nisman canceló sus vacaciones y ordenó medidas urgentes para preservar las pruebas de la denuncia del fiscal. La semana pasada la jueza María Servini de Cubría se había negado a habilitar la feria por considerar que Nisman no había aportado elementos probatorios.

Todo esto ocurre en medio de un clima de crispación, de confrontación, de intemperancia permanente hacia adversarios o hacia quienes las autoridades consideran que pueden crearles una mínima incomodidad.

El oficialismo se aprestaba ayer a sentarse en la Cámara de Diputados a escuchar a Nisman, e iba a hacerlo "con los tapones de punta", como definió, sin ambages, la diputada Diana Conti. No hay que analizar demasiado qué significa esa frase en el argot futbolístico para caer en la cuenta de que es una exaltación de la violencia.

Para colmo, la muerte de Nisman se produce en medio del permanente hostigamiento del Gobierno a fiscales que se han manejado con independencia del poder político, como ha sido el caso de José María Campagnoli, y de la hostilidad que ha alcanzado a aquellos que, en algún momento, incluso tuvieron, como Nisman, buena relación con el actual gobierno.

Es ya público que desde el oficialismo se ha pretendido en las últimas horas llevar adelante una nueva ofensiva destinada a demoler a la Justicia independiente con la designación, por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, de 16 fiscales subrogantes, que no dan garantía de imparcialidad y cuando todavía no ha entrado en vigor el nuevo Código Procesal Penal. La nueva arremetida ha sido frenada por diversos magistrados, como lo fue en su momento buena parte de la reforma judicial propuesta por el actual Poder Ejecutivo.

Este descarado intento de manipulación de un poder del Estado es otro motivo de alarma dentro y fuera del país. La presencia del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en el departamento de Nisman antes de la llegada de la fiscal que entiende en la causa resulta inaceptable desde todo punto de vista. ¿Qué hacía allí un funcionario del Gobierno cuya máxima autoridad, la Presidenta, estaba siendo denunciada por la propia víctima? No se puede admitir que se diga que su presencia está justificada por la necesidad de preservar pruebas. Ésa no es la función de un cuadro político.

La reacción del ciudadano común frente al hecho trágico de la muerte de un importante funcionario judicial en circunstancias que deberán ser debidamente investigadas y aclaradas es de perplejidad, pero también de profundo temor. Nisman, sea como fuere que termine la investigación sobre su muerte, es una nueva víctima.

La ciudadanía en su conjunto participa hoy de un duelo colectivo, siente el dolor de una pérdida más, que se suma a las víctimas de la AMIA y a las de la embajada de Israel, a las de la tragedia en la estación ferroviaria de Once y a los casi dos centenares de muertos en Cromagnon. Todas, causas vapuleadas y, por ende, sin culpables con condenas definitivas.

No hay consuelo donde no hay justicia. No hay justicia donde no hay una república que esté funcionando en plenitud..

La Nación
20/01
0 Puntos

Fiscales subrogando... y con el mazo dando

En este caso, las mayorías eligieron a un Gobierno y un Congreso que legisla, quienes se interpongan a ello conspiran contra las mayorías y se ponen al margen de la ley.Con ese argumento se pronunciaron los legisladores kirchneristas en el Congreso esta semana, para apoyar las designaciones de Gils Carbó ¨en defensa de la división de poderes¨ frente a la decisión judicial de suspender dichas designaciones. Justo cuando formula una grave imputación a Presidenta y funcionarios.

Escríbanos

Está claro lo que el Gobierno entiende por ¨batalla judicial¨: se trata de llevar la contienda política a la esfera del poder que más debería permanecer ajena a la misma, precisamente porque es la que garantiza -o debería garantizar- la igualdad ante la ley y el control de los poderes que sí dependen de mayorías y minorías expresadas democráticamente.

La conversión del Ministerio Público en una cabecera de puente del Poder Ejecutivo y de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en una virtual delegada interventora en el Poder Judicial es una prueba más de ello. Un nuevo capítulo de la serie ¨Tu justicia, mi justicia¨, producida por la Presidencia de la Nación, pero que en este caso no se representa en la televisión pública sino en los Tribunales, el Congreso y la Casa Rosada.

En uso de sus atribuciones legales, Gils Carbó designó a 16 fiscales subrogantes en plena feria judicial explicando el apuro por la intención de avanzar en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que le da a los fiscales mayores atribuciones para investigar. Tanto apuro en ocupar esas plazas despertó suspicacias y críticas. Por empezar, el nuevo Código aún carece de una ley reglamentaria que habilite su implementación. En segundo término, la designación de estos fiscales no ha pasado por requisitos de transparencia y cabe la sospecha -fundada en la experiencia- de que en su mayoría ellos fueron seleccionados por su afinidad con el oficialismo.

Por otro lado, desde el Gobierno no ocultan sus razones cuando atribuyen cada crítica, oposición o denuncia a “intereses corporativos o conspiraciones desestabilizadoras”. Ocurre que como no creen en la existencia de una justicia independiente -toda justicia es política, nos dicen- tampoco creen en las virtudes de un poder judicial que controle y equilibre a los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Están los jueces que responden al proyecto político de la Presidenta y los que responden a “oscuros” o “inconfesables” intereses. Está la “Justicia legítima” y la “Justicia corporativa”.

Lo dijimos en entregas anteriores. No hay, para esta sencilla visión de las cosas, una ponderación de los espacios comunes que permitan dirimir diferencias para arribar a una evaluación compartida de la realidad -con todos sus matices y diferencias- y a una aceptación compartida de los resultados, así como instituciones que garanticen criterios de neutralidad u objetividad para establecer distinciones entre la ley el delito, la verdad y la mentira, las mejores políticas y las peores.

Está la verdad de las mayorías y la verdad de las minorías, la ley de las mayorías y la ley de las minorías. En este caso, las mayorías eligieron a un Gobierno y un Congreso que legisla, quienes se interpongan a ello conspiran contra las mayorías y se ponen al margen de la ley.

Con ese argumento se pronunciaron los legisladores kirchneristas en el Congreso esta semana, para apoyar las designaciones de Gils Carbó ¨en defensa de la división de poderes¨ frente a la decisión judicial de suspender dichas designaciones. Con ese argumento reaccionó el Gobierno también al pedido de indagatoria -instancia previa al procesamiento- de la Presidente y el canciller Timerman x la causa Amia y el fallido acuerdo con Irán.

Ahí están los casos de Esteban Righi, Daniel Rafecas, José María Campagnoli, Claudio Bonadío. Todo juez o fiscal que se interponga a las decisiones del Gobierno es descalificado, desacreditado, y si es posible, desplazado. Ahora, le toca estar en la mira al juez Enrique Lavié Pico, que frenó la designación de los fiscales subrogantes y, por supuesto, el fiscal Alberto Nisman, a quien ahora le “descubren” relaciones inadecuadas con los EE.UU. y el espionaje local. Justo cuando formula una grave imputación a Presidenta y funcionarios. Unos jueces contra los otros. Si se alinean con el Gobierno son jueces probos que cumplen con su tarea correctamente. Si investigan y procesan a funcionarios públicos por hechos de corrupción son desestabilizadores y corporativos, si no también ellos mismos corruptos. No consideran que los más altos funcionarios del Gobierno deban responder por sus actos antes otros poderes e instancias de control.

De más está decir que estos razonamientos se llevan de patadas con el funcionamiento de una República democrática y acercan a la democracia a sus expresiones más degradadas. La opción no puede ser entre oligarquías corporativas y oligarquías políticas; si el Gobierno quisiera verdaderamente mejorar la Justicia se apartaría de su pretensión de alinear a jueces y fiscales a su imagen y semejanza y aceptaría someterse al imperio del Estado de Derecho que lo contiene.

La Razón
16/01
0 Puntos

Fiscales subrogando... y con el mazo dando

En este caso, las mayorías eligieron a un Gobierno y un Congreso que legisla, quienes se interpongan a ello conspiran contra las mayorías y se ponen al margen de la ley.Con ese argumento se pronunciaron los legisladores kirchneristas en el Congreso esta semana, para apoyar las designaciones de Gils Carbó ¨en defensa de la división de poderes¨ frente a la decisión judicial de suspender dichas designaciones. Justo cuando formula una grave imputación a Presidenta y funcionarios.

Escríbanos

Está claro lo que el Gobierno entiende por ¨batalla judicial¨: se trata de llevar la contienda política a la esfera del poder que más debería permanecer ajena a la misma, precisamente porque es la que garantiza -o debería garantizar- la igualdad ante la ley y el control de los poderes que sí dependen de mayorías y minorías expresadas democráticamente.

La conversión del Ministerio Público en una cabecera de puente del Poder Ejecutivo y de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en una virtual delegada interventora en el Poder Judicial es una prueba más de ello. Un nuevo capítulo de la serie ¨Tu justicia, mi justicia¨, producida por la Presidencia de la Nación, pero que en este caso no se representa en la televisión pública sino en los Tribunales, el Congreso y la Casa Rosada.

En uso de sus atribuciones legales, Gils Carbó designó a 16 fiscales subrogantes en plena feria judicial explicando el apuro por la intención de avanzar en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que le da a los fiscales mayores atribuciones para investigar. Tanto apuro en ocupar esas plazas despertó suspicacias y críticas. Por empezar, el nuevo Código aún carece de una ley reglamentaria que habilite su implementación. En segundo término, la designación de estos fiscales no ha pasado por requisitos de transparencia y cabe la sospecha -fundada en la experiencia- de que en su mayoría ellos fueron seleccionados por su afinidad con el oficialismo.

Por otro lado, desde el Gobierno no ocultan sus razones cuando atribuyen cada crítica, oposición o denuncia a “intereses corporativos o conspiraciones desestabilizadoras”. Ocurre que como no creen en la existencia de una justicia independiente -toda justicia es política, nos dicen- tampoco creen en las virtudes de un poder judicial que controle y equilibre a los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Están los jueces que responden al proyecto político de la Presidenta y los que responden a “oscuros” o “inconfesables” intereses. Está la “Justicia legítima” y la “Justicia corporativa”.

Lo dijimos en entregas anteriores. No hay, para esta sencilla visión de las cosas, una ponderación de los espacios comunes que permitan dirimir diferencias para arribar a una evaluación compartida de la realidad -con todos sus matices y diferencias- y a una aceptación compartida de los resultados, así como instituciones que garanticen criterios de neutralidad u objetividad para establecer distinciones entre la ley el delito, la verdad y la mentira, las mejores políticas y las peores.

Está la verdad de las mayorías y la verdad de las minorías, la ley de las mayorías y la ley de las minorías. En este caso, las mayorías eligieron a un Gobierno y un Congreso que legisla, quienes se interpongan a ello conspiran contra las mayorías y se ponen al margen de la ley.

Con ese argumento se pronunciaron los legisladores kirchneristas en el Congreso esta semana, para apoyar las designaciones de Gils Carbó ¨en defensa de la división de poderes¨ frente a la decisión judicial de suspender dichas designaciones. Con ese argumento reaccionó el Gobierno también al pedido de indagatoria -instancia previa al procesamiento- de la Presidente y el canciller Timerman x la causa Amia y el fallido acuerdo con Irán.

Ahí están los casos de Esteban Righi, Daniel Rafecas, José María Campagnoli, Claudio Bonadío. Todo juez o fiscal que se interponga a las decisiones del Gobierno es descalificado, desacreditado, y si es posible, desplazado. Ahora, le toca estar en la mira al juez Enrique Lavié Pico, que frenó la designación de los fiscales subrogantes y, por supuesto, el fiscal Alberto Nisman, a quien ahora le “descubren” relaciones inadecuadas con los EE.UU. y el espionaje local. Justo cuando formula una grave imputación a Presidenta y funcionarios. Unos jueces contra los otros. Si se alinean con el Gobierno son jueces probos que cumplen con su tarea correctamente. Si investigan y procesan a funcionarios públicos por hechos de corrupción son desestabilizadores y corporativos, si no también ellos mismos corruptos. No consideran que los más altos funcionarios del Gobierno deban responder por sus actos antes otros poderes e instancias de control.

De más está decir que estos razonamientos se llevan de patadas con el funcionamiento de una República democrática y acercan a la democracia a sus expresiones más degradadas. La opción no puede ser entre oligarquías corporativas y oligarquías políticas; si el Gobierno quisiera verdaderamente mejorar la Justicia se apartaría de su pretensión de alinear a jueces y fiscales a su imagen y semejanza y aceptaría someterse al imperio del Estado de Derecho que lo contiene.

La Razón
16/01
0 Puntos

Rechazan abrir la feria judicial para frenar un concurso para fiscales del fuero federal porteño

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un recurso contra un concurso para designar a dos fiscales ante el fuero penal federal porteño.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un recurso contra un concurso para designar a dos fiscales ante el fuero penal federal porteño.

El tribunal de feria, integrado por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Rogelio Vincenti, desestimó un planteo de Ignacio Rodríguez Varela, un estrecho colaborador del fiscal de distrito del barrio porteño de Saavedra, José María Campagnoli.

Se trata del Concurso 102, destinado a designar a los fiscales titulares de las fiscalías números cinco y diez del fuero federal porteño, hoy ocupadas por subrogantes. 

Rodríguez Varela sostiene que ese concurso, organizado por la Procuración General, debía ser suspendido ante la presunción de "parcialidad" del jurado en su contra, por su intervención en una investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Ahora, Rodríguez Varela pidió que durante el receso de la actividad judicial en verano "se dicte sentencia definitiva en el amparo o, en subsidio, se suspenda el trámite del concurso 102".

En ese sentido, alegó que de seguir adelante el concurso, “resta ahora tan sólo el dictado por la Procuradora General de la Nación de la resolución y la inmediata elevación de las ternas a consideración del Poder Ejecutivo”, lo que lo marginaría de la posibilidad de ser él uno de los elegidos.

"La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento... durante el presente mes de enero la Procuración General de la Nación, ámbito en el cual se desarrolla el concurso en el cual fueron dictadas las resoluciones objeto de impugnación, también se encuentra de receso estival", replicó el tribunal de feria.

"Reanudada la actividad judicial en el mes de febrero, la Sala I de esta Cámara, tribunal ante el cual tiene radicación la causa, se encontrará en condiciones de resolver las apelaciones pendientes", sostuvieron los jueces, al rechazar la habilitación de la feria.

La Prensa
08/01
2 Puntos

La Cámara había rechazado otro pedido

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un recurso contra un concurso para designar a dos fiscales ante el fuero penal federal porteño.

El tribunal de feria, integrado por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Rogelio Vincenti, desestimó un planteo de Ignacio Rodríguez Varela, un estrecho colaborador del fiscal de distrito del barrio porteño de Saavedra, José María Campagnoli.

Se trata del Concurso 102, destinado a designar a los fiscales titulares de las fiscalías números cinco y diez del fuero federal porteño, hoy ocupadas por subrogantes.

Rodríguez Varela sostiene que ese concurso, organizado por la Procuración General, debía ser suspendido ante la presunción de "parcialidad" del jurado en su contra, por su intervención en una investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Ahora, Rodríguez Varela pidió que durante el receso de la actividad judicial en verano "se dicte sentencia definitiva en el amparo o, en subsidio, se suspenda el trámite del concurso 102".

En ese sentido, alegó que de seguir adelante el concurso, "resta ahora tan sólo el dictado por la Procuradora General de la Nación de la resolución y la inmediata elevación de las ternas a consideración del Poder Ejecutivo", lo que lo marginaría de la posibilidad de ser él uno de los elegidos.

"La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento... durante el presente mes de enero la Procuración General de la Nación, ámbito en el cual se desarrolla el concurso en el cual fueron dictadas las resoluciones objeto de impugnación, también se encuentra de receso estival", replicó el tribunal de feria.

"Reanudada la actividad judicial en el mes de febrero, la Sala I de esta Cámara, tribunal ante el cual tiene radicación la causa, se encontrará en condiciones de resolver las apelaciones pendientes", sostuvieron los jueces, al rechazar la habilitación de la feria

El día
08/01
8 Puntos
1

Money Niegan habilitar feria para tratar concurso de fiscales

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó "habilitar la feria judicial" para tratar un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli, quien se opone a un concurso para designar a dos fiscales ante el fuero penal federal porteño, indicaron fuentes judiciales.

"La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento...durante el presente mes de enero la Procuración General de la Nación, ámbito en el cual se desarrolla el concurso en el cual fueron dictadas las resoluciones objeto de impugnación, también se encuentra de receso", explicó la "sala de Feria" del Tribunal.

Los camaristas Jorge Morán, Sergio Fernández y Rogelio Vincenti rehusaron habilitar el receso estival para analizar la apelación de Ignacio Rodríguez Varela, respecto de quien ayer la Sala Quinta del mismo tribunal desestimó un pedido de anulación de un concurso argumentando que uno de los jurados fue la procuradora Alejandra Gils Carbó.

El frustrado aspirante aludía a una supuesta enemistad de esos miembros del jurado por "su desempeño como Secretario de la Fiscalía General en la Secretaría de Investigaciones Penales" que, por indicación de Campagnoli, intervino en la investigación contra Lázaro Báez.

Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani explicaron que la inscripción de Rodríguez Varela en el concurso "implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases" por lo que no correspondía su cuestionamiento.

Los magistrados puntualizaron que, además, el impugnante no se había presentado a la prueba de oposición escrita para el concurso, lo que ocasionó "la pérdida de su condición como participante".

ámbito
08/01
4 Puntos
1

Rechazan habilitar la feria judicial para tratar un amparo contra la designación de fiscales en el fuero penal porteño

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un recurso contra un concurso para designar a dos fiscales ante el fuero penal federal porteño.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un recurso contra un concurso para designar a dos fiscales ante el fuero penal federal porteño. El tribunal de feria, integrado por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Rogelio Vincenti, desestimó un planteo de Ignacio Rodríguez Varela, un estrecho colaborador del fiscal de distrito del barrio porteño de Saavedra, José María Campagnoli.

Se trata del Concurso 102, destinado a designar a los fiscales titulares de las fiscalías N° 5 y N° 10 del fuero federal porteño, hoy ocupadas por subrogantes.

Rodríguez Varela sostiene que ese concurso, organizado por la Procuración General, que encabeza Alejandra Gils Carbó, debía ser suspendido ante la presunción de "parcialidad" del jurado en su contra, por su intervención en una investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Ahora, Rodríguez Varela pidió que durante el receso de la actividad judicial en verano "se dicte sentencia definitiva en el amparo o, en subsidio, se suspenda el trámite del concurso 102". En ese sentido, alegó que de seguir adelante el concurso, "resta ahora tan sólo el dictado por la Procuradora General de la Nación de la resolución y la inmediata elevación de las ternas a consideración del Poder Ejecutivo", lo que lo marginaría de la posibilidad de ser él uno de los elegidos.

"La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento. Durante el presente mes de enero la Procuración General de la Nación, ámbito en el cual se desarrolla el concurso en el cual fueron dictadas las resoluciones objeto de impugnación, también se encuentra de receso estival", replicó el tribunal de feria.

"Reanudada la actividad judicial en el mes de febrero, la Sala I de esta Cámara, tribunal ante el cual tiene radicación la causa, se encontrará en condiciones de resolver las apelaciones pendientes", sostuvieron los jueces, al rechazar la habilitación de la feria.

Agencia DyN.

La Nación
08/01
2 Puntos
1

Una impugnación que fue desestimada

La Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli contra un concurso para el cargo de fiscal. que, por indicación de Campagnoli, intervino en la investigación contra Lázaro Báez y el financista Federico Elaskar.El concurso para el que se presentó Rodríguez Varela . implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases.

La Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli contra un concurso para el cargo de fiscal. Ignacio Rodríguez Varela había cuestionado el mecanismo de selección de los fiscales porque uno de los jurados en ese proceso fue la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani explicaron que la inscripción de Rodríguez Varela en el concurso ?implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases?, por lo que no correspondía su cuestionamiento.

Los magistrados puntualizaron que, además, el impugnante no se había presentado a la prueba de oposición escrita para el concurso, lo que ocasionó ?la pérdida de su condición como participante?.

Rodríguez Varela había impugnado el concurso porque uno de los jurados era Gils Carbó y el tribunal también lo integraba el fiscal Alejandro Alagia, a quien cuestionaba por estar vinculado con la agrupación Justicia Legítima.

El frustrado aspirante aludía a una supuesta enemistad de esos miembros del jurado por ?su de-sempeño como secretario de la Fiscalía General en la Secretaría de Investigaciones Penales? que, por indicación de Campagnoli, intervino en la investigación contra Lázaro Báez y el financista Federico Elaskar.

El concurso para el que se presentó Rodríguez Varela ?en el que no llegó hasta el final? obtuvo dictamen final a principios de diciembre del año pasado, con un orden de mérito integrado por 25 postulantes.

El de Rodríguez Varela es uno más de los diferentes planteos judiciales contra la procuradora. De hecho, ayer se conoció también que el fiscal Marijuán la involucró en otra causa, en ese caso por no haber impulsado una acusación que el propio Marijuán había hecho contra otro fiscal, Carlos Gonella (ver página 15). También ayer se sumó a las presentaciones judiciales de ese tipo otra realizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn). La entidad presentó un amparo en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal contra los nombramientos de fiscales subrogantes que hizo Gils Carbó antes de que empezara la feria judicial.

Página 12
08/01
2 Puntos
1

Money Siguen los cruces por la designación de fiscales

El nombramiento de 16 fiscales dispuestos por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, siguen generando fuertes cruces por su validez.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, el cual agrupa a un sector importante de jueces, pidió hoy una acción de amparo para frenar los 16 nombramientos.

La presentación, en la cual se pidió la habilitación de feria judicial para tratarse cuanto antes, apunta a frenar la gran cantidad de nombramientos que hizo la Procuradora el último día hábil del año, y amparándose en la reciente reforma del Código Procesal Penal pese a que el mismo no está vigente.

Sin embargo, la Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli contra un concurso para el cargo de fiscal, porque uno de los jurados fue la Procuradora, indicaron fuentes judiciales.

Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani explicaron que la inscripción de Ignacio Rodríguez Varela en el concurso "implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases" por lo que no correspondía su cuestionamiento.

Los magistrados puntualizaron que, además, el impugnante no se había presentado a la prueba de oposición escrita para el concurso, lo que ocasionó "la pérdida de su condición como participante".

Rodríguez Varela había impugnado el concurso porque uno de los jurados era Gils Carbó y el tribunal también lo integraba el fiscal Alejandro Alagia, vinculado con la agrupación "Justicia Legítima".

El frustrado aspirante aludía a una supuesta enemistad de esos miembros del jurado por "su desempeño como Secretario de la Fiscalía General en la Secretaría de Investigaciones Penales" que, por indicación de Campagnoli, intervino en la investigación contra Lázaro Báez.

ámbito
07/01
3 Puntos
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La procuradora Gils Carbó fue imputada por el fiscal que ella había desplazado

Ese Consejo debe dictaminar si es pertinente o no la remoción antes de la decisión de quien encabeza la Procuración. Además de rechazar el pedido del juez, Gils Carbó denunció a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura para que sea destituido por el caso donde imputó a Gonella.Bonadio había pedido la indagatoria de Gonella por violación de secretos en una causa en la que se investiga al círculo cercano a un condenado a 20 años de prisión por el delito de narcotráfico.

El fiscal Guillermo Marijuán imputó a la Procuradora General de la Nación y formalmente su jefa, Alejandra Gils Carbó, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Lo hizo a partir de una denuncia que realizó el juez federal Claudio Bonadio en las primeras horas del año judicial 2015.

Bonadio había pedido la remoción del fiscal a cargo de la Procelac Carlos Gonella, por haberse negado a asistir a la declaración indagatoria ordenada por el magistrado.

La Procuradora recibió el pedido de remoción de Gonella y lo desestimó en una resolución firmada antes de fin de año. Además de rechazar el pedido del juez, Gils Carbó denunció a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura para que sea destituido por el caso donde imputó a Gonella.

Bonadio había pedido la indagatoria de Gonella por violación de secretos en una causa en la que se investiga al círculo cercano a un condenado a 20 años de prisión por el delito de narcotráfico. El fiscal Gonella recusó a Bonadio por falta de imparcialidad y la Cámara Federal confirmó al juez en el caso.

La denuncia de Bonadio se funda en que para rechazar o aprobar el pedido de remoción, Gils Carbó debía convocar al Consejo Evaluador creado por una resolución del anterior procurador Esteban Righi.

Righi había fundamentado en una resolución de 2004 que la decisión sobre la remoción de un fiscal no podía quedar solo en manos del Procurador para evitar "discrecionalidad".

El 30 de diciembre, Marijuán fue desplazado de la unidad que investiga delitos contra la seguridad social

En aquella resolución, Righi estableció la obligatoriedad de la intervención del Consejo Evaluador, integrado por fiscales generales de diferentes jurisdicciones. Ese Consejo debe dictaminar si es pertinente o no la remoción antes de la decisión de quien encabeza la Procuración.

Cuando Gils Carbó abrió la instancia del Jury al fiscal José María Campagnoli lo hizo luego de consultar al Consejo.

En 2007 Righi firmó otra resolución por la que quedó establecido el mecanismo para la conformación del Consejo y el trámite que debe tener un pedido de remoción.

Según la presentación de Bonadio, Gils Carbó no habría realizado la consulta y por eso pidió que se investigue.

La causa cayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres, quien está de turno durante todo 2015, con la fiscalía de Carlos Rívolo cuya secretaria es Marisa Tarantino.

Por ende el caso no le tocó a ninguno de los últimos fiscales federales que nombró Gils Carbó para cubrir vacantes.

Como Rívolo está de licencia, es reemplazado por Marijuán, a quien Gils Carbó acaba de apartar de la fiscalía especializada en investigaciones sobre fraude en la Seguridad Social.

Se habilitó la feria judicial para que la fiscalía determinara si había elementos para abrir una investigación o no. Marijuán decidió imputar a su jefa.

Infobae
07/01
3 Puntos

Rechazan planteo contra un concurso de fiscales por parte de un colaborador de Campagnoli

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli contra un concurso organizado por la Procuración General de la Nación para designar tres fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani consideraron que la inscripción de Rodríguez Varela en el concurso "implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases".

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli contra un concurso organizado por la Procuración General de la Nación para designar tres fiscales ante la Corte Suprema de Justicia.

Ignacio Rodríguez Varela había impugnado el concurso en virtud de que una de los jurados era la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien supuso parcial en su contra por su intervención junto a Campagnoli en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez, informaron hoy fuentes judiciales.

Rodríguez Varela recordó su "desempeño como Secretario de la Fiscalía General en la Secretaría de Investigaciones Penales" y que por indicación de Campagnoli debió intervenir en la investigación contra Báez y el financista Federico Elaskar, ex titular de la financiera SMG conocida como "La Rosadita", quien junto a Leonardo Fariña reveló que habían hecho operaciones con dinero supuestamente ilegal del empresario sureño.

La Sala V de la Cámara desestimó el planteo de Rodríguez Varela, quien había impugnado no sólo la presencia de Gils Carbó en el jurado sino también de los otros integrantes, entre ellos el fiscal Alejandro Alagia, vinculado con el movimiento judicial oficialista llamado "Justicia Legítima".

Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani consideraron que la inscripción de Rodríguez Varela en el concurso "implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases".

Además, los jueces destacaron que Rodríguez Varela no se había presentado a la prueba de oposición escrita para el concurso, lo cual produjo "la pérdida de su condición como participante".

El concurso obtuvo "dictamen final" a principios de diciembre pasado, con un orden de mérito integrado por 25 postulantes, entre los cuales aparece en séptimo lugar Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Rodríguez Varela fue uno de los más acérrimos defensores de Campagnoli, cuando la procuradora impulsó la destitución del fiscal de Núñez-Saavedra por supuestamente inmiscuirse en una causa que no le competía y en la que aparecía involucrado Báez

El día
07/01
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Dura reacción de fiscales contra Gils Carbó

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN) manifestó su“enorme preocupación” por las “decisiones tomadas a diario” por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mientras que fustigaron con duros conceptos a la gestión de la funcionaria.

Los fiscales denunciaron la “politización” de la Procuración, la “exorbitante” cantidad de nombramientos que se llevaron a cabo en ese ámbito y los intentos por “disciplinar” a los instructores con causas sensibles para el Gobierno.

“Se ha nombrado a una gran cantidad de empleados y funcionarios ampliando en una forma exhorbitante la estructura de la Procuración General. Todos esos nombramientos han sido sin ningún tipo de concurso o evaluación previa”, advierten la asociación a través de un comunicado firmado por la cúpula de la entidad encabezada por el presidente, Carlos Donoso Castex.

La entidad señala que “es evidente” que la procuradora “ha incrementado en una forma impresionante la dotación del personal dependiente en forma directa de la Procuración General y las nuevas y enormes estructuras que ha creado”.

Por otro lado, le reprochan a Gils Carbó el hecho de que los fiscales que tienen a cargo las investigaciones de los casos criminales ya no pueden elegir sus colaboradores entre gente de su confianza”, sino que tienen que hacerlo de una lista confeccionada por la Procuración General, que llegan a través de un examen de historia y no de derecho.

“En la órbita directa de la Procuración General se han nombrado y se nombran muchísimos nuevos empleados y funcionarios en forma directa y sin ningún requisito, y los Fiscales encargados de las investigaciones no pueden elegir y designar libremente sus colaboradores con gente de su confianza, lo cual resulta indispensable para garantizar la reserva en casos de importancia”, se manifestó.

Asimismo, los agrupados en la entidad calificaron al intento de destituir mediante un jury de enjuicimaineto al fiscal José María Campagnoli como “un claro mensaje para tratar de disciplinar e intimidar al resto de los Fiscales independientes que pretendieran investigar casos de corrupción”.

En el mismo sentido ubican el desplazamiento del fiscal Guillermo Marijuan de la unidad fiscal de investigaciones de delitos en la seguridad social (UFISES) y el desplazamiento “sin ningún miramiento” del fiscal general Carlos Ernst, “a cargo del área de capacitación dentro del Ministerio Publico Fiscal y que gozaba del reconocimiento y respeto de los colegas después de tantos años”.

También consideran como “muy peligrosa la gran cantidad de fiscales subrogantes que ha designado la Dra Gils Carbó durante su gestión, ya que debe entenderse que quienes se encuentran en esa condición han sido elegidos a dedo y pueden ser desplazados de un día para el otro, lo cual constituye un enorme riesgo para los justiciables, por no tener la necesaria inamovilidad en el cargo que garantice su tranquilidad en el ejercicio de la función e independencia”.

La asociación recordó que en su momento apoyó el nombramiento de “Gils Carbó como Procuradora General de la Nación y supuso que el nombramiento de una Fiscal General, aunque proviniera del fuero Comercial sería beneficioso para el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que buscaría el consejo y apoyo de Fiscales con años de carrera y experiencia en materia penal”.

“Lamentablemente su actuación nos demuestra que no ha sido así, y en defensa del rol profesional y la independencia de los Fiscales, debemos señalarlo”, concluyen.

 

Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=773490

Seprin
04/01
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Money Dura reacción de fiscales contra Gils Carbó

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN) manifestó su "enorme preocupación" por las "decisiones tomadas a diario" por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mientras que fustigaron con duros conceptos a la gestión de la funcionaria.

Los fiscales denunciaron la "politización" de la Procuración, la "exorbitante" cantidad de nombramientos que se llevaron a cabo en ese ámbito y los intentos por "disciplinar" a los instructores con causas sensibles para el Gobierno.

"Se ha nombrado a una gran cantidad de empleados y funcionarios ampliando en una forma exhorbitante la estructura de la Procuración General. Todos esos nombramientos han sido sin ningún tipo de concurso o evaluación previa", advierten la asociación a través de un comunicado firmado por la cúpula de la entidad encabezada por el presidente, Carlos Donoso Castex.

La entidad señala que "es evidente" que la procuradora "ha incrementado en una forma impresionante la dotación del personal dependiente en forma directa de la Procuración General y las nuevas y enormes estructuras que ha creado".

Por otro lado, le reprochan a Gils Carbó el hecho de que los fiscales que tienen a cargo las investigaciones de los casos criminales ya no pueden elegir sus colaboradores entre gente de su confianza", sino que tienen que hacerlo de una lista confeccionada por la Procuración General, que llegan a través de un examen de historia y no de derecho.

"En la órbita directa de la Procuración General se han nombrado y se nombran muchísimos nuevos empleados y funcionarios en forma directa y sin ningún requisito, y los Fiscales encargados de las investigaciones no pueden elegir y designar libremente sus colaboradores con gente de su confianza, lo cual resulta indispensable para garantizar la reserva en casos de importancia", se manifestó.

Asimismo, los agrupados en la entidad calificaron al intento de destituir mediante un jury de enjuicimaineto al fiscal José María Campagnoli como "un claro mensaje para tratar de disciplinar e intimidar al resto de los Fiscales independientes que pretendieran investigar casos de corrupción".

En el mismo sentido ubican el desplazamiento del fiscal Guillermo Marijuan de la unidad fiscal de investigaciones de delitos en la seguridad social (UFISES) y el desplazamiento "sin ningún miramiento" del fiscal general Carlos Ernst, "a cargo del área de capacitación dentro del Ministerio Publico Fiscal y que gozaba del reconocimiento y respeto de los colegas después de tantos años".

También consideran como "muy peligrosa la gran cantidad de fiscales subrogantes que ha designado la Dra Gils Carbó durante su gestión, ya que debe entenderse que quienes se encuentran en esa condición han sido elegidos a dedo y pueden ser desplazados de un día para el otro, lo cual constituye un enorme riesgo para los justiciables, por no tener la necesaria inamovilidad en el cargo que garantice su tranquilidad en el ejercicio de la función e independencia".

La asociación recordó que en su momento apoyó el nombramiento de "Gils Carbó como Procuradora General de la Nación y supuso que el nombramiento de una Fiscal General, aunque proviniera del fuero Comercial sería beneficioso para el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que buscaría el consejo y apoyo de Fiscales con años de carrera y experiencia en materia penal".

"Lamentablemente su actuación nos demuestra que no ha sido así, y en defensa del rol profesional y la independencia de los Fiscales, debemos señalarlo", concluyen.

ámbito
04/01
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2014: otro año al borde del precipicio

Pero ni siquiera un acuerdo con los holdouts servirá para volver a poner a la Argentina en la senda del crecimiento, si no se recupera la confianza sobre la base de la restauración del Estado de Derecho, de un respeto irrestricto por la división de poderes y de la seguridad jurídica... Las reacciones infantiles de la Presidenta y la propagación de la consigna "Patria o buitres" en nada ayudó a nuestra reinserción en el mercado financiero internacional.

El año que hoy concluye deja un sabor más que amargo para los argentinos. En el balance no puede obviarse que de muy poco han servido las terribles lecciones de otros tiempos no muy lejanos: nuestros gobernantes siguen tropezando con las mismas piedras del pasado y han puesto al país, una vez más, al borde del precipicio.

2014 podría sintetizarse como el año en que los argentinos volvimos a convivir con la palabra default. También, como el año en que tomamos conciencia de que el narcotráfico, ese enemigo que hasta no hace mucho parecía reservado a México o Colombia, ya está entre nosotros.

Ha sido el año en que los escándalos de corrupción llegaron al corazón mismo de la Casa de Gobierno, no sólo por las múltiples causas judiciales que comprometen al vicepresidente Amado Boudou, sino también por los oscuros negocios hoteleros que han tenido como protagonista a la propia familia presidencial.

Como una derivación de los problemas judiciales que mantienen los más importantes funcionarios del gobierno nacional, para no hablar de otros casos que involucran a representantes del oficialismo de menor jerarquía, los últimos meses han sido testigos de la embestida final del Poder Ejecutivo contra la Justicia y también contra los medios de comunicación que han procurado alejarse del cada vez más inverosímil relato oficial.

Si bien, como lo venimos sosteniendo desde esta columna editorial, el kirchnerismo se ha preocupado siempre por la construcción de un proyecto de poder antes que por la edificación de un proyecto de país, pocas veces como en 2014 hubo tantas evidencias de los intentos de este grupo político de colonizar el Poder Judicial para consolidar un estado de impunidad. Desde el propósito de convertir al Ministerio Público Fiscal, con Alejandra Gils Carbó a la cabeza, en un apéndice de la fracción gobernante, pasando por la persecución de fiscales independientes como José María Campagnoli, hasta la promoción de jueces subrogantes sin mayor experiencia, pero alineados con el oficialismo, sirven para ilustrar esa triste realidad, que da cuenta del nulo interés en que se respete el principio de división de poderes.

Se suma a todo esto la desacertada reforma del Código Procesal Penal, con la cual se desaprovechó la oportunidad de incorporar figuras modernas que hubieran sido útiles para la investigación y el esclarecimiento de delitos complejos.

El avance sin tregua del narcotráfico sobre el territorio argentino se ha producido tras años de pasividad e indiferencia de las autoridades argentinas, cuando no de actitudes cómplices en distintas estructuras del Estado, como acaba de denunciarlo el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano.

La gravedad social del problema de la droga se ha visto desatendida durante demasiado tiempo en que, por la indolencia oficial, estuvo acéfala la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), aunque la designación del sacerdote Juan Carlos Molina al frente de este organismo no ofrece garantía alguna de un combate frontal y efectivo ante este flagelo.

Entretanto, frente a la falta de una política de Estado, las fronteras siguen siendo un colador y el espacio aéreo argentino una invitación para los narcotraficantes, al tiempo que se ha multiplicado un fenómeno hasta no hace mucho desconocido entre nosotros, como el de las bandas de sicarios, junto al crecimiento de los crímenes y de graves amenazas a periodistas que investigan o difunden estos hechos.

Pese a la propaganda oficial, 2014 ha sido uno de los peores años para la economía argentina, a tal punto que los indicadores comienzan a presentar peligrosas semejanzas con crisis como las de 1975 o 1989. De la mano de un gasto público tan creciente como improductivo, se ha agravado el déficit fiscal, que ya ni siquiera puede ser disimulado con artificios tales como los fondos de la Anses o las supuestas utilidades de un Banco Central que, tras la expulsión de Juan Carlos Fábrega y la llegada de Alejandro Vanoli, se ha terminado de transformar en otra suerte de secretaría del Poder Ejecutivo, alejada de la autonomía que debería conservar para preservar el valor de la moneda nacional.

La inflación siguió creciendo velozmente, en virtud de una emisión monetaria descontrolada y de un exacerbado intervencionismo estatal que no hace más que desalentar la inversión productiva y la oferta de bienes y servicios. Hay que remontarse a 1991 para encontrar un nivel inflacionario mayor al actual, que ronda el 40 por ciento y, como es bien sabido, golpea principalmente a los sectores más desprotegidos: aquellos que destinan la mayor parte de su ingreso a los artículos de primera necesidad.

Simultáneamente, la Argentina se encuentra técnicamente en recesión y el temor a perder el trabajo ha pasado a convertirse, después de mucho tiempo, en una de las principales inquietudes de la población. Mientras las empresas y los trabajadores hacen el ajuste, en función de un gobierno que se abstiene de corregir la cada vez más fuerte presión impositiva, el Estado sigue aumentando su número de empleados, casi siempre al servicio de una militancia política rentada.

Las relaciones internacionales siguieron mostrando a la Argentina de espaldas al mundo y la hostilidad frente a los tribunales a los que el país se sometió oportunamente aumentó innecesariamente la tensión y volvió a colocar al país en situación de cesación de pagos. Las reacciones infantiles de la Presidenta y la propagación de la consigna "Patria o buitres" en nada ayudó a nuestra reinserción en el mercado financiero internacional. En los últimos años, se desaprovechó la posibilidad de obtener financiamiento a tasas bajísimas, como lo hicieron todos nuestros países vecinos, y en 2015, frente a perspectivas globales mucho menos favorables, la Argentina sufrirá las consecuencias.

Se impone, claro está, una normalización de las relaciones con el mundo. Pero ni siquiera un acuerdo con los holdouts servirá para volver a poner a la Argentina en la senda del crecimiento, si no se recupera la confianza sobre la base de la restauración del Estado de Derecho, de un respeto irrestricto por la división de poderes y de la seguridad jurídica..

La Nación
31/12
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