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Orellana sembró una semilla en Agricultura

En ese sentido, el parlamentario de Solidaridad Nacional informó que la comisión acordó invitar al presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, y al gerente general del gobierno regional para que expliquen esta decisión. "La señora Bellina Schrader es una amiga de Rodolfo Orellana", manifestó.Desde el despacho de Benites negaron haber conocido el nexo que une a la abogada con la supuesta red criminal.INVESTIGADA.

Las indagaciones legislativas a la organización que dirigió el empresario Rodolfo Orellana para actividades ilícitas como blanqueamiento de dinero, la usurpación de inmuebles y terrenos de particulares y de instituciones estatales a través de deudas, documentos falsos y arbitrajes fraudulentos apuntan ahora al Ministerio de Agricultura (Minagri).

Tanto Orellana como el Minagri guardan estrecha relación con Lorena Bellina Schrader, doctora en derecho y especialista en delitos informáticos que desde hace algunos meses se desenvuelve como coordinadora de ese ministerio en el Congreso de la República, y cuyo nombre salió a la luz en las indagaciones sobre los contactos de la red criminal en los diversos niveles del Estado.

Fuentes de la comisión que encabeza el legislador Vicente Zeballos señalaron que una de las hipótesis que manejan es que la intención de la organización Orellana fue infiltrar el Minagri para mantener control en la titulación de zonas rurales.

CONEXIÓN. En la sesión del pasado 23 de setiembre, el grupo parlamentario recibió importantes indicios que relacionaban directamente a Bellina Schrader con el empresario prófugo de la justicia.

María Elena Llanos, exesposa del empresario Jacques Levy -quien habría depositado $150,000 en la cuenta de un banco estadounidense para el prófugo Benedicto Jiménez-, dio la voz de alerta a los miembros de la comisión al indicar que en marzo pasado, Bellina Schrader fungió, al lado de Orellana, como abogada de Levy en el proceso por la tenencia de su hija.

Ahora bien, ese mismo mes -el día 7-, Bellina Schrader fue nombrada "asesora de la Alta Dirección" de la institución con la Resolución Ministerial Nº 0103-2014-MINAGRI. Fue una de las primeras disposiciones del titular del sector, el ministro Juan Manuel Benites, quien asumió el cargo 11 días antes, el 24 de febrero.

Para aclarar el nexo, Carlos Camacho, vocero del prófugo investigado por tráfico de terrenos, corrupción y lavado de activos, reconoció ayer que la funcionaria es "una abogada conocida de Orellana". "La señora Bellina Schrader es una amiga de Rodolfo Orellana", manifestó.

Desde el despacho de Benites negaron haber conocido el nexo que une a la abogada con la supuesta red criminal.

INVESTIGADA. Pero los servicios de la funcionaria pública no se han limitado al despacho de Agricultura. En este momento, la comisión ad hoc se encuentra investigando su paso por la Oficina de Control Interno (OCI) del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Se está "recopilando información" sobre la influencia que habría desplegado como jefa de la Oficina de Coordinación Interinstitucional de la CNM, desde el 1 de julio de 2013, en los procesos de ratificados o remoción de magistrados y fiscales.

"A partir del testimonio de la señora Llanos, que la involucra directamente con Rodolfo Orellana, estamos construyendo ese espacio, la relación", manifestó la fuente parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que los miembros de la comisión "hemos determinado prestar atención especial sobre ella (Bellina Schrader)", pues sería un caso más que probaría "la facilidad de la organización de infiltrarse en el Estado".

COoPEX. Y es que, según información brindada por Vicente Zeballos, hasta cuatro gobiernos regionales aún estarían aceptando cartas-fianzas de la cuestionada cooperativa Coopex, vinculada a la red de empresas de Orellana.

Las regiones que las utilizan como garantía de sus obras son Arequipa, Áncash, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Loreto.

Zeballos señaló que el caso más preocupante es el Gobierno Regional de Lambayeque, donde hasta julio de este año se han recibido 11 cartas-fianzas de esta cooperativa. Ello pese a que, según las autoridades, estos documentos carecen de garantía alguna.

En ese sentido, el parlamentario de Solidaridad Nacional informó que la comisión acordó invitar al presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, y al gerente general del gobierno regional para que expliquen esta decisión.

El Correo
16/10
10 Puntos
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Arequipa: Fiscalía investiga caso de venta de combustible de familia de Osorio a GRA

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, informó que el caso de la venta de petróleo de familiares de la candidata a la presidencia regional por "Arequipa, Tradición y Futuro", Yamila Osorio, al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), es investigada preliminarmente por un despacho de la entidad.La estación de servicios Villa Hermosa, que tiene como gerenta a María Pacheco de Delgado, abuela de Osorio,  proveyó más de dos mil galones del combustible al GRA en el 2012.

Arequipa. El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, informó que el caso de la venta de petróleo de familiares de la candidata a la presidencia regional por "Arequipa, Tradición y Futuro", Yamila Osorio, al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), es investigada preliminarmente por un despacho de la entidad.

La estación de servicios Villa Hermosa, que tiene como gerenta a María Pacheco de Delgado, abuela de Osorio,  proveyó más de dos mil galones del combustible al GRA en el 2012. La adquisición contravendría la Ley de Contrataciones, ya que la candidata ejerce el cargo de consejera regional por Camaná.

"Se han formulado dos denuncias de parte por el mismo caso. Es más, nosotros hemos derivado el informe periodístico a la Fiscalía correspondiente para que meritúe el caso y haga las indagaciones correspondientes", sostuvo Ramos. Precisó que una de las acusaciones de parte fue hecha por asesores del excandidato al GRA, Elmer Cáceres LIica.

De otra lado, la Fiscalía de la Nación creará nuevas fiscalías centradas en delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado en este distrito fiscal. Serán 25 magistrados, entre provinciales y adjuntos. Los primeros que asumirán estos cargos serán provisionales. El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a concurso público estas plazas para nombrar a los titulares. 

Ramos señaló que están a la espera de la resolución con la creación de estos despachos.    

La República
16/10
4 Puntos

TC deja sin efecto nombramiento de César Hinostroza como fiscal supremo

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución emitida por uno de los colegiados de este organismo que disponía el nombramiento del ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza Pariachi, como fiscal supremo en el Ministerio Público.

La decisión fue adoptada en atención a un recurso que presentó el Consejo Nacional de la Magistratura para que se revocara la resolución que ordenaba la designación del ex magistrado como fiscal supremo.

En esta nueva resolución, el Tribunal Constitucional deja en claro que el Consejo Nacional de la Magistratura es la única institución que establece la ley para nombrar y ratificar a jueces y fiscales en el país.

RPP Noticias
16/10
2 Puntos

ONPE destinará más de S/.108 millones para elecciones en 2015

Asimismo, incrementar la capacitación y educación electoral sobre derechos políticos y participación ciudadana.Igualmente, fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de la finanzas de las organizaciones políticas, así como el uso de mecanismos y prácticas democráticas, en las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, así como fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho Espinoza, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el presupuesto del organismo electoral para el Año Fiscal 2015, que se gestionará bajo el principio de presupuesto por resultados.

El presupuesto operativo del organismo electoral asciende a 40"512,085 nuevos soles, mientras que los gastos para la elección de representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), las Nuevas Elecciones Municipales y el inicio de actividades para las elecciones generales ascienden en 108"233,811 nuevos soles.

Durante su sustentación, el titular de la ONPE informó que desde el próximo año la institución electoral manejará su presupuesto por proceso y resultados que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

Cucho Espinoza mencionó asimismo, que entre los objetivos estratégicos de la institución electoral figuran fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana.

Asimismo, incrementar la capacitación y educación electoral sobre derechos políticos y participación ciudadana.

Igualmente, fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de la finanzas de las organizaciones políticas, así como el uso de mecanismos y prácticas democráticas, en las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, así como fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano.

En su presentación, el Jefe de la ONPE también solicitó una demanda adicional de 144" 785,153 nuevos soles para la elección de Consejeros del CNM por los miembros de los colegios de abogados y los colegios profesionales del país (previstas para junio), la elección de autoridades universitarias 2014-2015, el fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Coordinación y el financiamiento público directo a los partidos políticos.

Cucho Espinoza recordó que la ONPE cuenta a la fecha con 11 procesos certificados con ISO 9001:2008, entre los cuales figura la jornada electoral, así como un proceso certificado con ISO 27001:2005, referido a seguridad de la información en el proceso de la verificación y control de la información financiera de las organizaciones políticas.

Andina

RPP Noticias
15/10
8 Puntos
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Juez Óscar Tenorio niega haber favorecido a cooperativa de Orellana

El juez Óscar Tenorio Torres negó haber emitido una medida cautelar a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores (Coopem) del grupo Orellana, motivo por el que es citado por la comisión que investiga la gestión del ex presidente regional de Áncash César Álvarez. 

Tenorio precisa que él acogió una demanda del Consorcio Chiclayo contra la Entidad Prestadora de Servicios de dicha ciudad sobre la no presentación oportuna de una serie de documentos, incluida una carta fianza de Coopem.

Tenorio subraya que no se cuestionaba la validez de la carta fianza, sino que se decía que no se presentó en su momento, por lo que solo tuvo que aplicar lo que ya se había resuelto en Coronel Portillo.

Anotó que su resolución quedó sin efecto unas semanas después, cuando Coopem anuló la carta fianza a favor de Consorcio Chiclayo.

De otro lado, a través de un comunicado, el Consejo Nacional de la Magistratura negó haber avalado supuestos convenios con la revista Juez Justo para la capacitación de magistrados, como se ha difundido en los últimos días. 

La República
15/10
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Yonhy Lescano sobre caso López Meneses: presidente Humala está mal asesorado

En ese sentido, legislador consideró “que el presidente están mal asesorado”. La comisión de investigación determina a que personas individuales citar”, añadió. Dijo que le están “metiendo miedo” y que la comisión investigadora no cita instituciones sino a personas. En otro momento, Lescano rechazó lo sostenido por el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, quien sostuvo que la persistencia de la comisión por obtener las declaraciones del presidente, busca un presunto golpe de estado.

Parlamentario respondió a declaraciones hechas antes por mandatario. Dijo que le están “metiendo miedo” y que la comisión investigadora no cita instituciones sino a personas.

El congresista Yonhy Lescano, miembro de la Comisión López Meneses, calificó de necesaria la contribución del presidente Ollanta Humala con las investigaciones que viene realizando dicho grupo de trabajo.

“Él (Humala) tiene que contribuir como jefe de estado. Tiene que encabezar fuertemente la lucha anticorrupción”, señaló Lescano en Canal N.

En ese sentido, legislador consideró “que el presidente están mal asesorado”.

“Al presidente le están metiendo miedo, lo están poniendo en una situación difícil. Le dicen ellos (la comisión) tiene ampliación tienen que encontrar la verdad, pero él (Humala) tiene que colaborar con esa verdad”, agregó.

El acciopopulista hizo estas declaraciones, luego que Humala Tasso volvió a sostener que el Gobierno ya había colaborado con dicha comisión de manera institucional a través de sus ministros de Estado y los exhortara a encontrar la verdad después del plazo de ampliación otorgado.

“Una comisión no convoca a instituciones, no convoca al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, convoca a personas, cita a personas, investiga a personas. La comisión de investigación determina a que personas individuales citar”, añadió.

En otro momento, Lescano rechazó lo sostenido por el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, quien sostuvo que la persistencia de la comisión por obtener las declaraciones del presidente, busca un presunto golpe de estado. “No, creo que eso es una tesis tremendista, extrema. Sin ningún sustento, sin ningún argumento”, expresó.

Además, el parlamentario respondió al ministro de Justicia, Daniel Figallo, y le pidió “chequear bien la situación” porque cree “que la constitución y las leyes del Estado establecen que un primer mandatario preste su declaración”.

Gestión
14/10
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Red de Rodolfo Orellana daba cursos de capacitación a jueces ancashinos

El presidente de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción sucedidos en la región Áncash, Mesías Guevara, reveló ayer que la revista del cuestionado abogado, Juez Justo, dictó charlas y cursos de capacitación a diversos jueces.No solo recibieron charlas, sino que además algunos jueces sirvieron como profesores en los cursos de capacitación que organizaba Orellana.

** Congresista Mesías Guevara revela que estos cursos eran dictados por la revista Juez Justo, de propiedad del abogado

Por Carlos Hinostroza

El vínculo existente entre la red criminal del prófugo empresario Rodolfo Orellana y el Poder Judicial cada día se hace más evidente. El presidente de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción sucedidos en la región Áncash, Mesías Guevara, reveló ayer que la revista del cuestionado abogado, Juez Justo, dictó charlas y cursos de capacitación a diversos jueces.

No solo recibieron charlas, sino que además algunos jueces sirvieron como profesores en los cursos de capacitación que organizaba Orellana. Y sin cobrar un céntimo, detalla el legislador.

“Él (Orellana) daba capacitaciones a través de la revista Juez Justo. Tenemos información de que habría vocales y jueces que inauguraban estos cursos”, señaló Mesías Guevara, quien precisa que la revista del prófugo empresario promocionaba los estudios en su edición impresa.

Consultado por diario16, el congresista de Acción Popular - Frente Amplio (AP-FA) no quiso dar mayor detalle sobre quiénes son los magistrados o las fechas de las charlas magistrales. “Esta información aún es reservada”, explicó.

Sin embargo, el legislador advirtió que lo más preocupante sería que dichos cursos habrían contado con el aval del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como parte de la capacitación y actualización necesarias para el ascenso de los magistrados.

En los próximos días la comisión investigadora del Parlamento enviará un oficio a la Academia de la Magistratura (AMAG) para conocer si estos cursos otorgaban puntos o no en la calificación de los jueces para su posterior ascenso.

Como se sabe, la Academia de la Magistratura (AMAG) es la institución encargada de desarrollar un sistema integral y continuo de capacitación, actualización, perfeccionamiento, certificación y acreditación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas sus instancias.

“Esta información demostraría que la red criminal de Rodolfo Orellana no solo se perpetuó en el Ministerio Público, SUNARP o en el Gobierno Regional de Áncash, sino que también alcanzó al Poder Judicial (?) Por eso es importante la colaboración de este poder del Estado en las investigaciones que venimos haciendo en la comisión. Hay que llegar a la verdad a todo costo”, concluyó.

Esta información sale a la luz después de que se conociera que la cuestionada cooperativa de Rodolfo Orellana, Coopex, acusada de estafar al Estado por millones de soles, otorgó diversos préstamos al sindicato de trabajadores del Poder Judicial de Lima a raíz de un convenio firmado en el año 2009.

JUECES DE ÁNCASH

Por otro lado, el congresista Mesías Guevara adelantó que la comisión que preside tendrá listo en dos semanas el primer cuaderno de su investigación, que trata sobre la actuación de los jueces del Poder Judicial en el caso Áncash. En dicho informe se conocerá los resultados de la indagación sobre los polémicos convenios firmados entre ese poder del Estado y el Gobierno Regional de Áncash, que administraba el hoy detenido César Álvarez.

Como se recuerda, César Álvarez firmó en el año 2009 un convenio con el Poder Judicial para optimizar el servicio de administración de justicia del distrito judicial del Santa. En ese entonces, el presidente del PJ era el polémico magistrado Javier Villa Stein.

Además, el Gobierno Regional de Áncash se comprometió a construir e implementar locales para el Poder Judicial, y también donar tres vehículos para los juzgados de Huarmey, Casma y Nuevo Chimbote. Dicha institución desembolsó más de 15 millones de soles para este fin.

Sin embargo, Álvarez Aguilar no solo pensó en la infraestructura y vehículos para las instituciones de justicia, también se ofreció a apoyar la capacitación de los jueces en el extranjero. Por ejemplo, pagó los pasajes y viáticos de 12 magistrados de la Corte Superior del Santa, incluido su titular, quienes participaron en el curso Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio, que se realizó en San Diego, California, Estados Unidos, del 19 al 21 de octubre de 2012. Para todas estas actividades se contó con un presupuesto de más de 47 mil soles.

EL DATO: Según el congresista Mesías Guevara, unos S/. 5 300 millones habrían sido movidos en la región Áncash por la red criminal de César Álvarez.

Foto (César Álvarez y Mesías Guevara): Juan Osorio

Diario 16
13/10
15 Puntos
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Cuatro sicarios en moto intentan asesinar a una fiscal antidrogas

La fiscal ya había recibido amenazas de muerte, aunque les restó importancia.“no vamos a claudicar”Su investigación molesta. Me salvé de milagro”. Elmer Portocarrero - Suboficial Superior PNP. En ese ataque resultó herido el agente Elmer Portocarrero.“Usted está en la mira”, le advirtió por teléfono en la víspera un hombre al que nunca había visto antes. En ese breve contacto telefónico, el desconocido fue más allá: le sugirió que se marchara de la ciudad.

Óscar Chumpitaz C.

La fiscal especializada antidrogas de Madre de Dios, Fabiola Tapia Pachao, quien investiga las actividades del narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y trata de personas, es amenazada de muerte y, según la policía, el motivo principal sería la operación de limpieza y lucha contra el crimen organizado, lo que estaría desatando la ira en las mafias organizadas. 

Le dijeron que “por el bien de su familia” era conveniente que abandonara las causas en las que dispuso al menos 100 detenciones, allanamientos y la incautación de bienes, insumos químicos y estupefacientes. 

De hecho, el último 3 de octubre fue atacada a balazos por cuatro sicarios en moto mientras intervenía un hotel en pleno centro de Tambopata, propiedad de un empresario que es investigado por la Dirandro. En ese ataque resultó herido el agente Elmer Portocarrero.

“Usted está en la mira”, le advirtió por teléfono en la víspera un hombre al que nunca había visto antes. 

En ese breve contacto telefónico, el desconocido fue más allá: le sugirió que se marchara de la ciudad. La fiscal ya había recibido amenazas de muerte, aunque les restó importancia.

“no vamos a claudicar”

Su investigación molesta. El afán de cortar con uno de los negocios más redituables e ilegales en Madre de Dios no cae bien. Y por eso, parece, no dudan en actuar. Fabiola Tapia está convencida de que el atentado del que se salvó de morir tiene que ver con la investigación que se lleva adelante.

"No vamos a claudicar en nuestro propósito por más que algunos intenten detener este proceso con amenazas e intimidaciones”, aseguró a La República. No obstante admitió que teme por su vida.

 "Tengo amenazas directas, acá hay casos muy complejos; incluso en esta última intervención (Caso Kerosene) se ha incautado trece inmuebles por un valor de 15 millones de soles. Eso quiere decir que estamos golpeando a gente muy poderosa", agregó.

Ante los hechos, la fiscal se vio precisada a tomar una decisión: sacar a su familia de Madre de Dios, solicitar resguardo policial las 24 horas del día y andar con chaleco antibalas cuando sea necesario. 

“Expresamos el total apoyo a la labor de la fiscal”, afirmó el jefe de la Dirandro, general Vicente Romero Fernández.

mafias de la minería

Tapia Pachao fue nombrada fiscal titular el 15 de mayo del 2012 por el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, según la resolución 125-2012-CNM.

Junto a la División de Lavados de Activos de la Dirandro ha realizado importantes intervenciones para acabar con la minería ilegal de La Pampa, en Madre de Dios, que se desarrolla a lo largo de 18 kilómetros. "Son 50.000 hectáreas que se siguen depredando", afirmó.

También está abocada a la interdicción y al control de la venta de combustible en la zona, ya que el 95 % del recurso en esa región es derivado a la minería ilegal.

Informó que en Madre de Dios la lucha contra esa actividad tiene un avance del 70% y hay la decisión del gobierno de acabar con el 30% restante. Explicó que hasta hace un año y medio en esta zona se calculaba que había unos 30 mil mineros ilegales y ahora solo quedan menos de 500.

trata de personas

El kilómetro 107 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, es la base logística de la minería ilegal de La Pampa. Es el espacio ilegal para la extracción de oro. 

"Y también para la trata de personas. Las mafias no dejan de operar", nos dice la fiscal Fabiola Tapia.  Para la magistrada existe relación entre ese delito y la minería ilegal. "Pero estamos trabajando con la policía para erradicar a estas organizaciones criminales”, subraya.

CIFRAS

15 mlls de soles en inmuebles incautaron la Dirandro y la Fiscalía.

50.000 hectáreas se siguen depredando en Madre de Dios.

“Eran cuatro sujetos en moto los que nos atacaron. Estoy seguro de que el objetivo era la fiscal Tapia. Una de las balas me rozó el cuello. Me salvé de milagro”. Elmer Portocarrero - Suboficial Superior PNP

La República
11/10
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337 jueces y fiscales contra corrupción y crimen organizado

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a dos concursos públicos para nombrar a un total de 337 magistrados, entre jueces y fiscales, especializados en la lucha contra la corrupción de funcionarios y la criminalidad organizada, que ejercerán funciones en 19 regiones del país con altos índices de inseguridad ciudadana.Las vacantes están distribuidas en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, entre otras zonas.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a dos concursos públicos para nombrar a un total de 337 magistrados, entre jueces y fiscales, especializados en la lucha contra la corrupción de funcionarios y la criminalidad organizada, que ejercerán funciones en 19 regiones del país con altos índices de inseguridad ciudadana.

Las vacantes están distribuidas en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, entre otras zonas. La inscripción de postulantes será hasta el 14 de octubre y el examen se aplicará el 19 de octubre.

El Correo
09/10
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CNM convoca concurso para magistrados especializados en corrupción

Igualmente hay plazas con jurisdicción nacional.En el caso de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, los postulantes que acrediten conocimientos del idioma quechua recibirán una bonificación de cinco por ciento sobre el promedio final, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento de concursos. En Puno, además del quechua, se considerará el aymara.La inscripción de postulantes se realizará hasta el próximo 14 de octubre y el examen de conocimientos está previsto para el 19 de octubre.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a dos concursos públicos para nombrar a un total de 337 magistrados, entre jueces y fiscales, especializados en corrupción de funcionarios, lavado de activos y pérdida de dominio, así como en criminalidad organizada.

Estos magistrados ejercerán funciones en 19 departamentos del país con altos índices de inseguridad ciudadana, informó el referido organismo.

La Convocatoria está orientada a seleccionar a los mejores profesionales del derecho a fin de que cubran 319 plazas de jueces especializados, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales en las mencionadas materias.

Las vacantes están distribuidas en distritos judiciales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Igualmente hay plazas con jurisdicción nacional.

En el caso de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, los postulantes que acrediten conocimientos del idioma quechua recibirán una bonificación de cinco por ciento sobre el promedio final, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento de concursos. En Puno, además del quechua, se considerará el aymara.

La inscripción de postulantes se realizará hasta el próximo 14 de octubre y el examen de conocimientos está previsto para el 19 de octubre.

La República
09/10
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Después de dos frustradas elecciones, para Moscoso, la tercera fue la vencida

Era diputado de Acción Popular en representación de la región del Cusco.Era uno de los más jóvenes integrantes de la Cámara de Diputados y una promesa para la política cusqueña. Quedó bastante relegado.Volvió a presentarse en el 2010 por el movimiento Kausachun Cusco. José Víctor Salcedo. Cusco. La noche del nefasto 5 de abril de 1992, día del golpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori, Carlos Moscoso Perea se encontraba en Lima.

José Víctor Salcedo. 

Cusco. 

La noche del nefasto 5 de abril de 1992, día del golpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori, Carlos Moscoso Perea se encontraba en Lima. Era diputado de Acción Popular en representación de la región del Cusco.

Era uno de los más jóvenes integrantes de la Cámara de Diputados y una promesa para la política cusqueña. A su corta edad ya contaba con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Fujimori no solo disolvió el Parlamento, sino que también intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales. 

“En ese momento me sentí decepcionado con la política, con la debilidad de la democracia, porque volvíamos de haber sufrido épocas de dictadura que desmoronaban nuestra institucionalidad”, recuerda.

Él formó parte de la resistencia a la dictadura hecha por un sector minoritario de diputados. Fue objeto de hostigamiento por el fujimorismo. 

Ello lo obligó a abandonar el país para dedicarse a la docencia en la Universidad de Córdova, en Andalucía (España). 

“Me sentía acosado, perseguido, me robaron varias veces la casa,  cosa que no era casualidad, y me tuve que ir”, comenta Moscoso.

EL REGRESO

Moscoso Perea retornó un año después a sus cuarteles de invierno en la Ciudad Imperial. 

En todo ese tiempo se dedicó a la actividad empresarial en el rubro de restaurantes tipo picantería. Ahora es un acaudalado empresario. 

Adicionalmente “estuve dedicado a leer novelas y poesía, así como practicar deporte”, dice.

Volvió a aparecer en la arena política el 2006 para postular a la alcaldía provincial por el movimiento Fuerza Cusco, que fundó con el apoyo de algunos antiguos izquierdistas. Quedó bastante relegado.

Volvió a presentarse en el 2010 por el movimiento Kausachun Cusco. Empezó como favorito, pero al final fue derrotado por el actual burgomaestre Luis Flórez.

A inicios de este año empezó la campaña bajo la premisa de que “a la tercera es la vencida”. Y así ha sido. Durante la contienda fue cuestionado por sus contendores por su ascendencia norteña y no dominar el idioma quechua. Incluso el actual burgomaestre, Luis Flórez, pidió votar solo por gente oriunda del Cusco y que sepa hablar el lenguaje de los incas. 

“Yo nací allá, porque mi madre no podía viajar debido a lo avanzado de su gestación. Pero soy más cusqueño que el Chiriuchu (plato típico cusqueño)”, respondió Moscoso, quien promete desarrollo y prosperidad a los cusqueños.

Antes de confirmar su postulación a la alcaldía, tuvo que superar varios inconvenientes. Para empezar, la Hermandad del Señor de Qoyllority protestó en su contra exigiendo que no use la máscara del Ukuku (imagen mítico-religiosa de dicha festividad) como su símbolo. Tuvo que cambiarlo por el “chullo”.    ß

La República
06/10
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Corrupción y sanción, por Fernando Rospigliosi

Ante la corrupción desbocada que corroe la política y las instituciones, se propone con frecuencia el remedio de la educación para combatirla. Lo que nos distingue es la corrupción de las autoridades encargadas de perseguir el delito, que hace que muchos peruanos violen impunemente las leyes porque tienen el poder y/o el dinero para cometer latrocinios y evitar recibir sanciones.El asunto no es tener más leyes o hacerlas más duras.

Ante la corrupción desbocada que corroe la política y las instituciones, se propone con frecuencia el remedio de la educación para combatirla. En realidad, la clave es la sanción.

Un ejemplo común, que se escucha muchas veces y que es real: un peruano que maneja aquí violando las reglas de tránsito y ‘arreglando’ con un policía, en el infrecuente caso que lo detengan, va a los Estados Unidos y respeta escrupulosamente el reglamento porque sabe que allí es casi imposible sobornar a un policía y las sanciones se cumplen.

O, sin ir tan lejos, un taxista acostumbrado a hacer lo que le da la gana en Tacna pasa la frontera y en Arica se comporta como un caballero, porque sabe que los carabineros no son sobornables y lo penarán si incumple una regla.

La misma persona, con la misma educación, se comporta de manera radicalmente distinta en dos contextos totalmente diferentes. Y si no viola las reglas en EE.UU. o en Chile es porque sabe que allí las autoridades no son corruptas y que es pasible de recibir un castigo.

Siguiendo con el ejemplo, la diferencia con esos países no son las reglas, que son similares en el Perú. Lo que nos distingue es la corrupción de las autoridades encargadas de perseguir el delito, que hace que muchos peruanos violen impunemente las leyes porque tienen el poder y/o el dinero para cometer latrocinios y evitar recibir sanciones.

El asunto no es tener más leyes o hacerlas más duras. Lo único que sobra en el Perú son leyes. El problema es que esas normas no se cumplen o, para decirlo de otra manera, los corruptos son hábiles para burlarlas, como queda en evidencia con la cantidad de políticos y funcionarios notoriamente deshonestos que exhiben con impudicia sus fortunas, se pasean libremente por las calles y tienen la desvergüenza de postular una y otra vez a cargos electivos, muchas veces con éxito.

La clave para combatir la corrupción es la reforma de las instituciones encargadas de aplicar la ley, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial.

Se han intentado algunas reformas, en especial luego del derrumbe de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos el 2000, pero han fracasado por falta de decisión de los gobernantes y continuidad.

Un reciente trabajo de investigación de Luis Pásara sobre las reformas judiciales en América Latina muestra que han naufragado en todas partes, aunque en algunos pocos lugares se han producido ciertos avances (“Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo”, PUCP, 2014).

El punto es que no basta un mayor presupuesto ?que es lo que reclaman jueces y fiscales? ni más computadoras y locales nuevos. Tampoco es suficiente importar sistemas presuntamente más eficientes, como el nuevo Código Procesal Penal que se aplica ahora en toda Latinoamérica, a instancias de los EE.UU. y organismos internacionales.

También es indudable que esas instituciones no se reformarán a sí mismas.

Los intentos de mejorar las cosas con la participación de la sociedad civil tampoco han dado muchos resultados. Un ejemplo es el poderoso Consejo Nacional de la Magistratura, con representantes de la sociedad civil, que no solo ha fracasado, sino que se ha convertido en una pieza del engranaje de corrupción, como han mostrado las investigaciones de Ricardo Uceda sobre la elección de los fiscales de la Nación (ver el pronunciamiento del Grupo de Seguridad Ciudadana al respecto http://www.gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com/2014/09/por-un-ministerio-publico-la-altura-de_24.html).

La solución tiene que venir desde la política. Un gobierno honesto y decidido con una mayoría, aunque sea relativa, en el Congreso puede hacerlo.

Pero lo que muestra la experiencia es que, hasta ahora, lo único que les interesa a los políticos es controlar esas instituciones para proteger sus inmorales intereses particulares. Por cierto, hay políticos honestos dispuestos al cambio, pero ellos no tienen el respaldo del electorado, que no valora la honradez como una virtud a premiar en las ánforas.

Un ejemplo claro es el de Valentín Paniagua, en cuyo breve mandato se inició la única experiencia exitosa de lucha contra la corrupción en gran escala en la historia del Perú. En las presidenciales del 2006, quedó en quinto lugar, con poco menos de 6% de los votos válidos.    

Tenemos una nueva oportunidad el 2016. 

 

El Comercio
05/10
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Arequipa: La buena suerte del juez de Pájaro Bobo

Muestra de ello fue que la Ocma decidió cambiarla por una de destitución”.Por su parte, el presidente de la Corte Superior, Francisco Carreón, evitó pronunciarse. Señalan que la Odecma en Arequipa solo pidió su separación por 6 meses, solicitud modificada por la Ocma que exige su destitución. El único integrante de este organismo que opinó que la suspensión de Herrera siga vigente fue el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza.

Carlos Herrera.

Arequipa.  

Desde la próxima semana, el suspendido juez civil Rubén Herrera Atencia, retornará al Primer Juzgado Civil. En marzo pasado, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) lo separó al hallarlo responsable de infringir la Ley de la Carrera Judicial: ejerció funciones ajenas al cargo, como haber sido apoderado legal de la finca rústica Pájaro Bobo, además de vender terrenos, tener ingresos por ello y no haberlos consignado en sus declaraciones juradas.

El retorno de Herrera fue avalado por una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuyos integrantes  por mayoría, anulan la Medida Cautelar que separaba a Herrera mientras el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evaluaba el pedido de destitución que Ocma hizo para el magistrado en marzo.

La decisión de los miembros del Consejo Ejecutivo Ramiro de Valdivia, José Lecaros,  estos dos últimos arequipeños, Eliseo Taboada, Bonifacio Meneses y Eric Escalante, se fundamenta en que la propuesta de suspender a Herrera mientras lo procesan resulta excesiva. Señalan que la Odecma en Arequipa solo pidió su separación por 6 meses, solicitud modificada por la Ocma que exige su destitución.

 El único integrante de este organismo que opinó que la suspensión de Herrera siga vigente fue el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. En su voto de minoría sostiene que existen pruebas graves que demostrarían las faltas cometidas.

El presidente de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), Jhonny Cáceres, señaló que esta decisión es inapelable. “No voy a opinar sobre el tema, son criterios que tiene cada instancia. Solo debo aclarar que la propuesta que dimos de suspensión de seis meses, no era definitiva. Muestra de ello fue que la Ocma decidió cambiarla por una de destitución”.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior, Francisco Carreón, evitó pronunciarse. Señaló que es una decisión que no puede objetar.

FALTAS GRAVES

En su pedido de destitución, la Ocma señala que Rubén Herrera administró desde 1996 la finca Pájaro Bobo, una notable extensión de terreno que perdió el Gobierno Regional de Arequipa. Esta formaba parte de Majes I 

El dueño Michael Huaco le entregó un amplio poder al magistrado que incluso le permitía vender parte de las 49 mil hectáreas.

Herrera fue restituido en su cargo de juez el año 2002 (el gobierno de Fujimori lo retiró arbitrariamente en 1992). 

Según la Ley de la Carrera Judicial, al regresar a su cargo de magistrado estaba obligado a renunciar a todo tipo de labores ajenas a su función, como la representación legal sobre un terreno privado.

Pero Herrera siguió representando a Huaco. Prueba de ello es que en setiembre de 2007 vendió dos lotes por US$ 28 mil. Además, en 2011 vendió el 1% de Pájaro Bobo.    

HERRERA CON LA PUERTA ABIERTA PARA SOLICITAR PAGO DE REMUNERACIONES

El presidente de la Odecma, Jhonny Cáceres, sostuvo que al ser anulada la medida cautelar que suspendió en sus funciones a Rubén Herrera por siete meses, este puede solicitar el pago de las  remuneraciones que dejó de percibir.  "La resolución sostiene que está facultado a hacer valer sus derechos, que considere habrían sido vulnerados. Este puede ser la remuneración".

Cáceres acotó que el objetivo de las medidas cautelares de suspensión es evitar que los procesados puedan evitar la entrega de medios de prueba que estén en el juzgado donde laboran. Además de evitar la mala imagen de la entidad. 

Agregó que en lo que va del año se realizaron otros cuatro pedidos de suspensión de magistrados mientras son investigados. Afirmó que en el caso de la jueza de paz no letrado de José Luis Bustamante y Rivero, Nilda Juárez Valdivia, se confirmó su separación por seis meses. Juárez es procesada por emitir resoluciones a favor de financieras de Lima, para descontar remuneraciones de policías. 

En la lista también están los jueces de paz de Edificadores Misti (Miraflores), Alto Selva Alegre y del Cono Norte (Cerro Colorado).

CLAVES

Rubén Herrera, en sus descargos señaló que era propietario del 25% de la finca Pájaro Bobo. Este derecho le fue concedido, en julio de 2001, por Michael Huaco. El porcentaje del terreno le fue entregado en compensación por sus honorarios profesionales.

Agregó que al ser propietario, no infringió la ley al vender los terrenos. Indicó que hizo derecho de disposición de un predio suyo.

La República
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Solórzano negó enfrentamiento del Congreso y Poder Judicial

Política | Sábado 04 de octubre del 2014 La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, negó que exista un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Parlamento a raíz de las investigaciones que realiza la comisión encargada de ver actos de corrupción cometidos en la región Áncash, que preside el legislador Mesías Guevara (AP- FA).

Política | Sábado 04 de octubre del 2014

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, negó que exista un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Parlamento a raíz de las investigaciones que realiza la comisión encargada de ver actos de corrupción cometidos en la región Áncash, que preside el legislador Mesías Guevara (AP- FA).

"En el caso de la Comisión Áncash, donde se habla de un conflicto o confrontación entre el Poder Judicial y el Congreso, no es cierto. El Congreso está en la facultad de investigar a los funcionarios públicos, no revisará fallos pero sí investigará y verá quiénes están involucrados", dijo la titular del Parlamento.

Ratificó que los parlamentarios tienen la facultad de investigar a los funcionarios públicos, lo que no significa que vayan a cumplir el papel del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o revisar los fallos de los magistrados.

La Razón
04/10
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